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Quinto Informe Anual





               Generan especial preocupación                    uso desproporcionado de la fuerza, las amenazas, las

               las situaciones de maltrato                      revisiones corporales incompatibles con la normativa
                                                                vigente y el uso de espacios sin vigilancia para ejercer
               identificadas durante los                        agresiones. La persistencia y naturalización de estas
               procedimientos de seguridad,                     prácticas constituyen factores de alto riesgo para la
                                                                ocurrencia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos
               especialmente aquellas asociadas                 o degradantes, lo que hace indispensable fortalecer
               a la actuación de Gendarmería                    los mecanismos de prevención, supervisión, registro,
                                                                investigación y rendición de cuentas.
               de Chile, entre ellas, el uso                    Asimismo, el ingreso de drogas a los centros, el uso

               desproporcionado de la fuerza, las               de sanciones no contempladas en la normativa, la
               amenazas, las revisiones corporales              utilización de la Unidad de Separación de Grupo con
                                                                fines punitivos y el desgaste profesional de los equipos
               incompatibles con la normativa                   constituyen desafíos transversales que afectan tanto
               vigente y el uso de espacios sin                 la convivencia como la finalidad socioeducativa del
                                                                sistema de justicia juvenil.
               vigilancia para ejercer agresiones.              La prevención de la tortura requiere comprender que

                                                                los riesgos no se limitan a actos explícitos de violencia
                                                                física, sino que también se expresan mediante prácticas
                                                                institucionales normalizadas, omisiones, respuestas
                                                                insuficientes del Estado y condiciones estructurales que
                                                                afectan la dignidad, el bienestar y el ejercicio efectivo
               Niñez y Adolescencia. Esta falta de soporte institu-  de los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo
               cional repercute directamente en las trayectorias de   su cuidado o custodia.
               vida de niñas, niños y adolescentes, prolongando su
               permanencia en el sistema de protección, limitando   En este contexto, resulta indispensable fortalecer
               sus posibilidades de restitución de derechos y aumen-  la coordinación intersectorial entre los sistemas de
               tando su exposición a nuevas vulneraciones.      protección, justicia, salud, educación y seguridad;
                                                                consolidar políticas permanentes de formación y
               En el sistema de justicia juvenil, la implementación   cuidado de los equipos; robustecer los mecanismos de
               gradual del SNRSJ ha permitido recoger aprendizajes   supervisión y denuncia; asegurar el acceso oportuno a
               relevantes para su instalación nacional. Se observan   prestaciones especializadas; y promover una cultura
               avances en la organización de rutinas, la promoción de   institucional basada en los derechos humanos que
               trayectorias educativas, el fortalecimiento de vínculos   sitúe la prevención de la tortura como un eje transversal
               familiares y la coordinación con la red de salud. Sin   de todas las intervenciones desarrolladas con niñas,
               embargo, los datos del SNRSJ evidencian un aumento   niños y adolescentes bajo responsabilidad del Estado.
               de los ingresos a internación provisoria —de 1.057
               en 2020 a 1.545 en 2024— y de su peso relativo, que
               se ha mantenido sobre el 81% del total de ingresos
               desde 2022, lo que obliga a revisar críticamente el
               cumplimiento del principio de excepcionalidad que
               debe regir toda privación de libertad de adolescentes.
               Generan especial preocupación las situaciones de
               maltrato identificadas durante los procedimientos
               de seguridad, especialmente aquellas asociadas a
               la actuación de Gendarmería de Chile, entre ellas, el


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