equipo_mnpt_3
.

¿Quiénes somos?

  • El Comité para la Prevención de la Tortura es un entidad funcionalmente autónoma, creada por la Ley 21.154, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
  • Misión: Somos un órgano dedicado a la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos, para que todas las personas privadas de libertad reciban un trato digno y con respeto a los derechos humanos.
  • Visión: Ser un órgano efectivo en su labor de generar condiciones institucionales y nacionales favorables al trato digno de las personas privadas de libertad, a través de una gestión eficiente de los recursos dispuestos.

Funciones

Las funciones y atribuciones del Comité de Prevención contra la Tortura están establecidas en el artículo 3° de la Ley 21.154 y son las siguientes:

a) Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben.

b) Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que determine libremente. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones propias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para ello contará con acceso inmediato a tales lugares y a sus instalaciones y servicios, sin expresión de causa ni notificación previa, con el fin de desempeñar las funciones que esta ley le otorga.

c) Realizar visitas ad hoc, sin previo aviso, ante denuncias específicas de hechos que pudieran constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o ante denuncia por represalias que pudieren sufrir las personas privadas de libertad como consecuencia de las visitas realizadas. Lo anterior, con el objeto de adoptar las medidas pertinentes que señala esta ley.

d) Reunirse con las personas que se encuentren en el lugar objeto de su visita y efectuar las entrevistas personales o grupales que estime pertinente, en condiciones que garanticen la confidencialidad, sin supervisión del personal que se desempeñe en el lugar, y con la asistencia de un intérprete o facilitador intercultural, en caso de ser necesario. Asimismo, entrevistarse en las mismas condiciones con el personal que desempeña sus funciones en el lugar de privación de libertad, y con todas aquellas personas que considere pertinente para obtener información que coadyuve al cumplimiento de su mandato.

e) Requerir durante la visita a los lugares de privación de libertad, y en cumplimiento de su mandato, información relativa al número de personas privadas de libertad, a la ficha clínica de las personas privadas de libertad previo consentimiento de éstas o sin él cuando se trate de personas que estén impedidas de otorgarlo, y a todas las condiciones asociadas a la privación de libertad, para lo cual podrá acceder a documentos, fotografías, registros de las cámaras de video, entre otras, que obren en poder del personal de los lugares de privación de libertad.

f) Solicitar a las autoridades correspondientes toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato, tales como antecedentes relativos a lugares de privación de libertad, su localización, cifras de arrestos o detenciones y de personas privadas de libertad, y otras que digan relación con materias de su competencia. Las autoridades requeridas deberán dar respuesta a dichas solicitudes en el plazo de veinte días hábiles.

g) Realizar las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes del servicio responsable del lugar de privación de libertad, o al representante legal de las personas jurídicas de derecho privado, según corresponda.

h) Mantener contacto y colaborar con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, y con los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que establezcan los Estados Parte del Protocolo Facultativo.

i) Proponer al Consejo del Instituto modificaciones legales o reglamentarias en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con el fin de adecuar la normativa existente a los estándares internacionales en la materia, para que sean sometidas a la consideración del Presidente de la República por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

j) Informar en el ámbito de sus competencias técnicas cuando sea requerido por cualquier órgano del Estado.

k) Confeccionar un informe anual y de carácter público que contenga el trabajo realizado por el Comité de Prevención contra la Tortura y las recomendaciones específicas destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El referido informe deberá ser aprobado por los dos tercios de los miembros del Comité de Prevención contra la Tortura y podrá ser remitido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

l) Realizar a través del Instituto acciones de capacitación, información y sensibilización en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a las entidades públicas y privadas que cumplan tareas en el tratamiento de personas privadas de libertad, tales como funcionarios de Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, hospitales psiquiátricos, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, entre otros.

m) Proponer al Instituto la celebración de convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados nacionales o internacionales.

n) Entregar semestralmente al Consejo del Instituto un reporte sistematizado de su gestión y funcionamiento, con el fin de dar cuenta del trabajo realizado en el cumplimiento de su mandato de prevención contra la tortura.

Comité y sus Miembros   

El Comité tendrá una integración total de siete expertas/os, designadas/os gradualmente.

El primer año, se designó a las primeras cuatro integrantes expertas, previendo la ley la designación de las/os tres restantes, en el segundo año de funcionamiento. Sin embargo, dada la renuncia de dos de sus integrantes, durante el primer año, el Comité mantuvo dos integrantes expertas en ejercicio. En el segundo año, se integraron cuatro expertos, sumándose el séptimo y último experto en el año 2022.

Además, el Comité cuenta con un Secretario Ejecutivo, Germán Díaz Urrutia y doce personas en el equipo de apoyo, para desarrollar diversas labores administrativas y operativas.

Los integrantes expertos en ejercicio son:

Sebastián Cabezas Chamorro
sebastian

Experto del área de derechos humanos y Presidente actual del Comité, es abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso y Máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Ha sido investigador del Centro de Estudios Criminológicos de la Justicia Penal de la Universidad Central, en el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor en el Diplomado en Criminología de la Pontificia Universidad Católica y del Magíster en Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad Central. En el plano profesional se ha desempeñado como abogado asesor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Jefe de la Unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue el primer Jefe de la División de Protección de la Subsecretaria de Derechos Humanos y también cumplió funciones como abogado asesor en la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Ha sido autor de diversas publicaciones en materia de Derechos Humanos, sistema penal y criminología.

Francisco Maffioletti Celedón
francisco_mc

Experto del área derechos humanos, es psicólogo de la Universidad Diego Portales, Doctor en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid (España). Su trayectoria profesional ha estado ligada al ámbito de la justicia y de los Derechos Humanos, siendo presidente de la Fundación Instituto Chileno para el Estudio de la Violencia (ICEV), y coordinador del Equipo de Psicología del Instituto Iberoamericano de La Haya (IHH) para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (Holanda). En el ámbito gremial ha sido reconocido con el Premio Nacional de la especialidad en Psicología Jurídica, Miembro Titular de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, fundador y primer presidente de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, y director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. En el ámbito académico, es docente e investigador universitario desde el año 1993, realizando clases en pre y postgrado, en Universidades nacionales e internacionales.En el ámbito profesional fue jefe del área pericial a imputados del Instituto de Criminología de la PDI; durante 11 años asesor y subdirector de la actual Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público; y perito judicial adscrito a todas las ilustrísimas Cortes de Apelaciones del país. Con más de 24 años de experiencia en peritajes psicológicos a víctimas e imputados, es autor de relevantes contribuciones teóricas e investigaciones ligadas a temáticas de Psicología Jurídica y Forense, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Ha publicado 20 libros, y más de 40 artículos científicos propios de su especialidad.

Javiera Canessa Cordero
Javiera-Canessa

Experta del área salud, es Médica Cirujana con especialidad en Medicina Familiar del Adulto de la Universidad Católica de Chile y diplomada en Autoridad Sanitaria y Gestión en Salud Pública de la Universidad de Chile. En su ejercicio profesional, entre otras labores, ha sido docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y Universidad Católica de Chile, médica en un Hospital de Día para personas mayores y trabajado en Centros de Salud Familiar (CESFAM) en las comunas de Puente Alto y La Pintana, en los que además de su rol clínico, estuvo a cargo de la implementación y coordinación de diversos Programas de Salud, tales como el de “Prevención en salud”, “Promoción y Participación Social”, “Adultos” y “Cardiovascular”. A lo largo de su desarrollo profesional ha comprometido su accionar en la Atención Primaria de Salud (APS), desde un enfoque preventivo, familiar e integral, centrado en la persona, y en el fortalecimiento de las redes y recursos territoriales, comunitarios e intersectoriales. Posee amplia experiencia en la atención de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad, como personas mayores, con diagnósticos de salud mental, patologías ambulatorias agudas y/o crónicas, en situación de discapacidad psicosocial o intelectual, mujeres, adolescentes, migrantes, entre otras.

Alejandra Díaz Gude
Foto Alejandra Díaz-min_opt

Experta del área penitenciaria, es Abogada de la Universidad de Chile y Doctora en Derecho por la Universidad de Leeds, Inglaterra. De amplia trayectoria en la protección de los derechos humanos de personas privadas de libertad, ha impulsado y colaborado en diversas iniciativas sobre salidas y penas alternativas a la prisión, desde el Ministerio Público (MP), la Defensoría Penal Pública (DPP) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJU). Con experiencia en justicia penal juvenil, infancia y víctimas de delitos, se desempeñó en la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la DPP, la División Nacional de Atención a Víctimas y Testigos del MP y en la formulación y dirección de proyectos colaborativos de Vinculación con el Medio sobre infancia en la Universidad San Sebastián (USS). Participó en el diseño e implementación de políticas públicas sobre acceso a la justicia desde el MINJU. Implementó y dirigió en Chile el Magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, programa conjunto de la Universidad de Alcalá y USS. Ha sido profesora de pre-grado en las Universidades de Talca, Central, San Sebastián y Católica de Temuco, y profesora de postgrado en diversas universidades del país. Desde el año 2007, es docente del Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posee diversas publicaciones en las áreas de su especialidad.

Yamileth Granizo Román
Foto Yamileth Granizo

Experta del área salud, es Doctora en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Tiene una maestría en Estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile y el título profesional de matrona por la misma institución. Además, ha realizado diversos estudios de postgrado:  Diplomado en Cultura de Derechos Humanos y Protección de la Salud del CNDH México, Diplôme universitaire en Desarrollo Social y Salud Comunitaria de la Université Pierre et Marie Curie Paris VI, Attestation d’études universitaires en Educación para la Salud de la Université Claude Bernard Lyon 1 y Diplôme universitaire sobre Desafíos y Especifidades de la Infección por VIH en las Mujeres en la Université Pierre et Marie Curie Paris VI.Su experiencia laboral abarca consultorías independientes para la Organización Panamericana de la Salud. Se desempeñó también en el Ministerio de Salud de Chile como asesora técnica en los departamentos de Ciclo Vital y Promoción de la Salud y encargada de participación ciudadana en FONASA. Además, fue encargada de servicios clínicos en APROFA. Paralelamente, ha sido investigadora en la Universidad de Santiago de Chile y profesora de pre y post grado en el INSP de México, la Universidad de Talca y la Universidad de Concepción. Posee amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas y programas de salud de la mujer, diversidad sexual, población migrante y PMG de género, entre otras. Además, ha colaborado como voluntaria en organizaciones sociales tales como: Fundación Frè, OTD, EPES, entre otras.

Luis Vial Recabarren
Luis-Vial-280x250

Experto del área penitenciaria, es Sociólogo, Máster II en Ciencias Sociales de la EHESS en Francia. Ha realizado investigación y consultorías en el análisis y evaluación de políticas públicas sobre justicia penal adolescente, la supervisión de derechos de Centros de Privación de Libertad de Adolescentes, sistemas de protección a la infancia, encuestas de victimización y violencia en varios países de América Latina para distintas agencias nacionales e internacionales (UNICEF, UNODC, RELAF, DPP, PNUD). Ha sido profesor de criminología y de metodología en distintas universidades en Chile (Universidad de Talca, Universidad Diego Portales). Trabajó en el servicio público como jefe de División de Estudios y Programas en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en el área de estudios de la Defensoría Penal Pública en Chile.

Carlos Baeza Villar
carlos

Experto del área social, es Trabajador Social, mediador familiar y especialista en desarrollo local, pobreza e intervención social. Cuenta con especialización en Educación Intercultural y Migración, y un Diplomado de Migraciones en la USACH. Durante 8 años trabajó en la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) como Encargado Social y Coordinador Nacional de Sensibilización. De 2015 a 2018 fue el Coordinador Regional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior. En OIM (ONU MIGRACIÓN) fue Coordinador del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP), además es el punto focal para los temas laborales y en la Plataforma nacional de RMRP en el multisector y inclusión laboral, también es relator en los temas de migración, sensibilización, DDHH e inclusión laboral. Por último, podemos destacar que es el punto focal de los IGM para el Estado de Chile y también de la Red de Naciones Unidas para el Pacto Mundial de Migraciones.

ORGANIGRAMA