¿Quiénes somos?
- El Comité para la Prevención de la Tortura es un entidad funcionalmente autónoma, creada por la Ley 21.154, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Misión: Somos un órgano de derechos humanos dedicado a la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos, que, mediante un sistema de visitas, asesoramiento, formación y diálogo, busca contribuir a que todas las personas privadas de libertad reciban un trato digno y con respeto a sus derechos.
- Visión: Ser un órgano transformador de prácticas culturales, eficaz en su labor de erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en todos los lugares de privación de libertad del país.
Funciones
Las funciones y atribuciones del Comité de Prevención contra la Tortura están establecidas en el artículo 3° de la Ley 21.154 y son las siguientes:- Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben.
- Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que determine libremente. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones propias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para ello contará con acceso inmediato a tales lugares y a sus instalaciones y servicios, sin expresión de causa ni notificación previa, con el fin de desempeñar las funciones que esta ley le otorga.
- Realizar visitas ad hoc, sin previo aviso, ante denuncias específicas de hechos que pudieran constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o ante denuncia por represalias que pudieren sufrir las personas privadas de libertad como consecuencia de las visitas realizadas. Lo anterior, con el objeto de adoptar las medidas pertinentes que señala esta ley.
- Reunirse con las personas que se encuentren en el lugar objeto de su visita y efectuar las entrevistas personales o grupales que estime pertinente, en condiciones que garanticen la confidencialidad, sin supervisión del personal que se desempeñe en el lugar, y con la asistencia de un intérprete o facilitador intercultural, en caso de ser necesario. Asimismo, entrevistarse en las mismas condiciones con el personal que desempeña sus funciones en el lugar de privación de libertad, y con todas aquellas personas que considere pertinente para obtener información que coadyuve al cumplimiento de su mandato.
- Requerir durante la visita a los lugares de privación de libertad, y en cumplimiento de su mandato, información relativa al número de personas privadas de libertad, a la ficha clínica de las personas privadas de libertad previo consentimiento de éstas o sin él cuando se trate de personas que estén impedidas de otorgarlo, y a todas las condiciones asociadas a la privación de libertad, para lo cual podrá acceder a documentos, fotografías, registros de las cámaras de video, entre otras, que obren en poder del personal de los lugares de privación de libertad.
- Solicitar a las autoridades correspondientes toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato, tales como antecedentes relativos a lugares de privación de libertad, su localización, cifras de arrestos o detenciones y de personas privadas de libertad, y otras que digan relación con materias de su competencia. Las autoridades requeridas deberán dar respuesta a dichas solicitudes en el plazo de veinte días hábiles.
- Realizar las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes del servicio responsable del lugar de privación de libertad, o al representante legal de las personas jurídicas de derecho privado, según corresponda.
- Mantener contacto y colaborar con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, y con los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que establezcan los Estados Parte del Protocolo Facultativo.
- Proponer al Consejo del Instituto modificaciones legales o reglamentarias en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con el fin de adecuar la normativa existente a los estándares internacionales en la materia, para que sean sometidas a la consideración del Presidente de la República por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Informar en el ámbito de sus competencias técnicas cuando sea requerido por cualquier órgano del Estado.
- Confeccionar un informe anual y de carácter público que contenga el trabajo realizado por el Comité de Prevención contra la Tortura y las recomendaciones específicas destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El referido informe deberá ser aprobado por los dos tercios de los miembros del Comité de Prevención contra la Tortura y podrá ser remitido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
- Realizar a través del Instituto acciones de capacitación, información y sensibilización en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a las entidades públicas y privadas que cumplan tareas en el tratamiento de personas privadas de libertad, tales como funcionarios de Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, hospitales psiquiátricos, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, entre otros.
- Proponer al Instituto la celebración de convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados nacionales o internacionales.
- Entregar semestralmente al Consejo del Instituto un reporte sistematizado de su gestión y funcionamiento, con el fin de dar cuenta del trabajo realizado en el cumplimiento de su mandato de prevención contra la tortura.
Comité y sus Miembros
El Comité estará integrado por siete expertas y expertos, designados de manera gradual. Cada integrante ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años y será seleccionado a través de un proceso convocado por la Alta Dirección Pública. Además, el Comité cuenta con un Secretario Ejecutivo (S) y 20 personas en el equipo de apoyo, para desarrollar diversas labores administrativas y operativas. Contacto:- Secretaría Ejecutiva CPT: Ricardo Cárdenas. correo: rcardenas@mnpt.cl;
- Asistente: María José Farías. correo: mfarias@mnpt.cl;
- Comunicaciones CPT: Marcela Ureta Melo. correo: mureta@mnpt.cl;
- Oficina de partes virtual: comite@mnpt.cl
Las/os integrantes expertas/os en ejercicio son:
Karen Espínola Solar
Inregrante experta del área social y actual presidenta del CPT, es psicóloga y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública, con más de 15 años de experiencia liderando políticas públicas y programas sociales enfocados en la restitución de derechos de grupos de especial protección. Es especialista en políticas integrales con enfoque de género, interseccionalidad y participación ciudadana. Su trayectoria destaca por la conducción de equipos multidisciplinarios, coordinación interinstitucional y articulación territorial, promoviendo soluciones innovadoras y una gestión pública centrada en la equidad y la inclusión. Su compromiso con la promoción de los derechos humanos se refleja en cada uno de sus ámbitos de acción.
Daniel Soto Muñoz
Integrante experto en Derechos Humanos y Función Policial del CPT. Abogado y Doctor en Procesos e Instituciones Políticas (Universidad Adolfo Ibáñez). Daniel Soto aporta al Comité para la Prevención de la Tortura veintidós años de experiencia en derecho internacional de los derechos humanos, con eje en libertad de expresión, derecho de reunión pacífica y prevención de la tortura y de atrocidades masivas. Entre 2003 y 2018 condujo la estrategia de derechos humanos de Carabineros de Chile, integrando los estándares internacionales en la doctrina y los protocolos policiales, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Desde 2023 ha colaborado con la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, contribuyendo al Protocolo Modelo para agentes del orden en contextos de manifestaciones pacíficas (A/HRC/55/60, 2024). Cuenta con experiencia procedimental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en seis casos contenciosos y una medida cautelar, incluida la actual representación de víctimas en la Petición P-1000-24 Sazo Olave vs. Chile— y ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluido el dictamen del Caso Puentes de la Memoria sobre libertad de expresión (artículo 19 PIDCP, 2017). Ha colaborado con el Museo de la Memoria, el Museo Judío de Chile y el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio. Autor de seis libros. En el Comité dirige las áreas policial y penitenciaria, a cargo del monitoreo preventivo y de las recomendaciones técnicas a las autoridades estatales
Paula Valenzuela Delpiano
Integrante experta del área social del CPT, es terapeuta ocupacional y profesional de la salud, con formación de postgrado en salud pública infantil, ciencias sociales y políticas. Posee más de 15 años de experiencia en el diseño, gestión y evaluación de políticas y programas dirigidos a la infancia y adolescencia. Ha liderado iniciativas clave como el Sistema de Protección Integral a la Infancia «Chile Crece Contigo» y la instalación de las Oficinas Locales de la Niñez en el marco del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, desempeñándose como jefa de división en la Subsecretaría de la Niñez. Además, ha trabajado como consultora y asesora técnica para organismos internacionales, colaborando con equipos gubernamentales y locales, y ha desarrollado labores académicas en investigación, docencia y formación de profesionales. Su enfoque integra la lectura crítica de evidencia, neurociencias, desarrollo infantil temprano, y políticas públicas centradas en la niñez.
Rosa Villa Fernández
Integrante experta del CPT, es Administradora Pública de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias Médicas con mención en Gestión Hospitalaria para Directivos del Sistema Público de Salud y perito en Protocolo de Estambul. Cuenta con una extensa trayectoria en gestión pública, salud y derechos humanos, combinando experiencia técnica, directiva en instituciones de salud pública y pericial en el ámbito de la prevención de la tortura y la protección de personas privadas de libertad. Desde 2012 integró el Departamento Nacional de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, participando en evaluaciones médico-psicológicas en recintos penitenciarios, hospitales, centros de internación y otros espacios de privación de libertad, incluyendo unidades de máxima seguridad. Su trabajo ha estado especialmente orientado a grupos en situación de vulnerabilidad, aplicando estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela, el Protocolo de Estambul y la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre personas en huelga de hambre. Asimismo, ha participado en actividades académicas, de docencia y formación en derechos humanos y Protocolo de Estambul, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades técnicas en salud y derechos humanos en Chile.
Claudine Litvak Cooper
Integrante experta del CPT, Doctora en Políticas Sociales, Magíster en Trabajo Social por la Universidad de Bristol, Reino Unido, Psicóloga de la Universidad Diego Portales y cuenta con un Postítulo de Especialización en Psicología Clínica Sistémica en Niñez y Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Posee más de 20 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas e iniciativas vinculadas a derechos humanos, protección social, niñez y adolescencia, violencia de género, pobreza, exclusión social y cuidado. Su trayectoria combina investigación aplicada, fortalecimiento institucional, gestión de equipos interdisciplinarios, incidencia pública y trabajo territorial, con especial foco en contextos de vulnerabilidad y garantía de derechos. Ha trabajado articulando y generando alianzas entre sociedad civil, academia y organismos internacionales para el cumplimiento de objetivos comunes, especialmente en materias relacionadas con sistemas de protección especializada y el desarrollo de respuestas desde un enfoque de derechos y basadas en evidencia.
Asimismo, ha desarrollado trabajo académico orientado a la formación de profesionales y al diseño de programas de formación con enfoque informado en trauma, además de participar en investigaciones latinoamericanas sobre salud en adolescentes y jóvenes.
Javiera Canessa Cordero
Experta del área salud, encargada del área de salud mental, Médica Cirujana con especialidad en Medicina Familiar del Adulto de la Universidad Católica de Chile. Diplomada en Autoridad Sanitaria y Gestión en Salud Pública de la Universidad de Chile. En su ejercicio profesional, entre otras labores, ha sido docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y Universidad Católica de Chile, médica en un Hospital de Día para personas mayores y trabajado en Centros de Salud Familiar (CESFAM) en las comunas de Puente Alto y La Pintana, en los que además de su rol clínico, estuvo a cargo de la implementación y coordinación de diversos Programas de Salud, tales como el de “Prevención en salud”, “Promoción y Participación Social”, “Adultos” y “Cardiovascular”. A lo largo de su desarrollo profesional ha comprometido su accionar en la Atención Primaria de Salud (APS), desde un enfoque preventivo, familiar e integral, centrado en la persona, y en el fortalecimiento de las redes y recursos territoriales, comunitarios e intersectoriales. Posee amplia experiencia en la atención de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad, como personas mayores, con diagnósticos de salud mental, patologías ambulatorias agudas y/o crónicas, en situación de discapacidad psicosocial o intelectual, mujeres, adolescentes, migrantes, entre otras.
ORGANIGRAMA
