Page 103 - CPT 2025

Cuarto Informe Anual
Capítulo I: Hallazgos y Recomendaciones del Monitoreo

En Chile, según datos de Gendarmería estas personas, especialmente en aquellos casos en

de Chile a septiembre de 2024, de un que existen antecedentes delictuales graves.

total de 59.367 personas en prisión, En cuanto al trato, se identifica que las relaciones
entre las personas privadas de libertad y el personal
2.333 tienen entre 60 y 94 años, lo de Gendarmería de Chile son mixtas. Algunas perso-

que representa el 4% de la población nas reportan un trato respetuoso, mientras que otras
mencionan experiencias de discriminación y violencia,
carcelaria, cifra superior al 2,5% especialmente hacia quienes han sido condenadas por

registrado en noviembre de 2022. delitos de connotación sexual. Este estigma puede
generar conflictos internos que afectan la convivencia
al interior de los módulos.

La significativa carga laboral del personal penitenciario
dificulta una atención efectiva de este grupo, y, a su
En este contexto, el CPT realizó una visita al módulo vez, la falta de formación en temáticas vinculadas al
destinado a personas mayores en el Centro de Detención envejecimiento y los derechos humanos limita la ca-
Preventiva (CDP) Santiago Sur. Hasta el 30 de septiembre lidad de los servicios ofrecidos a las personas mayores
de 2024, en dicha sección se encontraban 52 personas privadas de libertad (PMPL).
privadas de libertad, todas en calidad de condenadas, Por último, resulta fundamental destacar que el
con edades que oscilaban entre los 57 y 87 años (Gen- CPT ha desarrollado un trabajo de observación que
chi, 2024c). Uno de los hallazgos más preocupantes permite visualizar los impactos diferenciados del
durante la visita fue la escasa oferta programática y la encarcelamiento sobre personas mayores que se ven
ausencia de adaptaciones específicas para este grupo. atravesadas por factores de discriminación intersec-
La mayoría de las personas recluidas no participa en cional, especialmente relacionados con el género y
actividades significativas ni cuenta con programas de la discapacidad física. Se constata la falta de adecua-
intervención psicosocial. Solo tres personas tienen ac- ción de la infraestructura penitenciaria para atender
tualmente un programa de intervención vigente, y 32 requerimientos de salud asociados a enfermedades
no registran ninguna actividad laboral (Genchi, 2024c).
crónicas, mayores obstáculos para la reinserción social
A esto se suma una atención médica insuficiente, con y una ausencia sostenida de perspectiva de género.
controles periódicos escasos y un equipo sanitario limi- Las condiciones observadas podrían constituir un
tado. Las condiciones materiales también son precarias: trato cruel, inhumano y degradante. En esta lógica,
la infraestructura de los módulos no está adaptada a preocupa especialmente la falta de aplicación de
las necesidades de las PMPL. Se observaron problemas modalidades alternativas a la privación de libertad
de hacinamiento y espacios inadecuados para personas para este grupo vulnerable.
con movilidad reducida. Asimismo, se constató que 2.3 Personas privadas de libertad con
enfrentan dificultades administrativas para acceder a diagnósticos de salud mental
pensiones y servicios notariales, y muchas presentan
discapacidades físicas o enfermedades graves. La protección de los derechos humanos de las personas

Cabe señalar que, a nivel nacional, del total de 577 privadas de libertad, junto con la prohibición absoluta
personas privadas de libertad con discapacidad (fí- de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhuma-
sica, auditiva o visual), 219 son mayores de 60 años, nos o degradantes, constituye un compromiso de los
lo que representa el 38% de esa población específica Estados que incluye el derecho a la atención de salud
(Genchi, 2024c). Por otra parte, los actuales estándares integral, abarcando tanto la salud física como mental.
de seguridad, los protocolos de control y el uso del Sin embargo, esta última dimensión es frecuentemente
aislamiento podrían comprometer el bienestar de desatendida en los sistemas penitenciarios.

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