El examen médico inicial es una de las garantías más importantes para las personas imputadas en las primeras horas de la detención y una de las acciones más efectivas para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la custodia policial. También lo es para las víctimas de violencia que requieren evidenciar mediante este documento el daño causado.
El CPT saluda y felicita al Ministerio de Salud por convocar, esta semana, a distintas instituciones estatales y de la sociedad civil para iniciar el trabajo de construcción de un protocolo sobre constatación de lesiones, que norme el procedimiento al interior de la red de salud, incorporando la perspectiva de derechos humanos en todo el proceso, para poder alcanzar los estándares internaciones establecidos respecto a este procedimiento.
En el levantamiento que ha realizado el área de Función Policial del CPT, desde el 2021 a la fecha, en las diferentes unidades visitadas da cuenta que, desde el personal policial, es frecuente que se mencione:
- Demora en la aplicación del procedimiento de constatación de lesiones, ya sea en las unidades de emergencia hospitalaria como en las urgencias de atención primaria del país.
- Priorización de la aplicación de acta de salud (documento aplicado por el personal policial) a propósito de los retrasos que implican trasladar a las personas detenidas urgencias hospitalarias para que se implemente el procedimiento del examen médico inicial.
- Definición de la constatación de lesiones como un procedimiento excepcional para las personas detenidas, que, en la mayoría de los casos sólo se aplicaría para aquellos exigidos en la norma interna: menores de edad; embarazadas, con enfermedad evidente o con lesión aparente, y no para todas las personas detenidas.
Asimismo, en lo observado y descrito por las personas entrevistadas (policías, personal de salud y personas detenidas), respecto al procedimiento mismo en los centros de salud, se reconoce que existiría:
- Baja priorización para atender rápidamente a las personas que se encuentren bajo custodia policial.
- Colapso de algunas urgencias, lo que demorarían aún más la atención a estas personas.
- Falta de privacidad en la aplicación del procedimiento, bajo el argumento de la inseguridad a la que se ve expuesto el personal de salud.
- Poca rigurosidad en la aplicación misma (ausencia de exhaustividad) y decisión discrecional.
- Desinterés o desconocimiento de la relevancia de la exhaustividad y precisión del procedimiento.