Este 25 de agosto, el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) inició la primera, de cuatro jornadas de formación para jefaturas de diversos centros penitenciarios de las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Arica y Parinacota y Ñuble, en el marco del Plan de Capacitación promovido por el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la institución. En la ocasión, fueron capacitados un total de 43 funcionarios de Gendarmería de Chile.

Las capacitaciones se realizan, vía zoom, durante las últimas semanas de agosto y la primera quincena de septiembre y serán dictadas por equipo del personal de apoyo del CPT, así como por la experta Alejandra Díaz. Se estima que al término del ciclo un grupo de aproximadamente 160 funcionarios/as a lo largo del país habrán sido capacitados.

En esta primera sesión, la experta del Área Penitenciaria del Comité, Alejandra Díaz Gude, realizó una presentación sobre el trabajo del Comité, incluyendo su mandato y facultades, y el foco en el trabajo preventivo.

Posteriormente Catalina Fernández, abogado del equipo de apoyo del Comité, expuso sobre el concepto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tanto bajo el derecho internacional como nacional, propiciando un trabajo práctico en base a casos.

En el tercer bloque de la actividad, el equipo de protocolos a cargo de la socióloga Ana Figueroa y la psicóloga Carolina Báez, expusieron sobre las principales vulneraciones y factores de riesgo en recintos penitenciarios y en la metodología del Comité en esos recintos.

Para finalizar, se realizaron grupos de trabajo donde se analizaron casos prácticos sobre la aplicación de los Derechos Humanos en el contexto penitenciario. Este tipo de instancia refuerza el rol y mandato preventivo del Comité, y se orienta hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el trabajo con personas privadas de libertad.

* El Comité de Prevención de la Tortura (“CPT”) es un órgano creado en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Chile mediante la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), que establecía el deber de los Estados de crear mecanismos nacionales de prevención de la tortura en contextos de privación de libertad. Por medio de la Ley 21.154, se designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (“INDH”) como el Mecanismo, estableciéndose sin embargo que, para cumplir su mandato, el Instituto actuaría exclusivamente a través del Comité de Prevención de la Tortura.  Pese a su dependencia administrativa al INDH, el CPT cuenta con independencia y autonomía funcional, confidencialidad en sus actuaciones y reserva de la información obtenida en ejercicio de sus funciones.