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Quinto Informe Anual
penitenciario. En este sentido, su abordaje requiere futura creación de un organismo especializado para
una respuesta integral que no se limite a ampliar la esta última función. No obstante, mientras ello no
infraestructura, sino que incorpore medidas orientadas ocurra, dispone que Gendarmería de Chile continúe
a la gestión racional del uso de la privación de libertad, desarrollando labores de reinserción social bajo la
el fortalecimiento de las capacidades institucionales conducción de las políticas definidas por el Ministerio
y la garantía de condiciones de reclusión compatibles de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con
con la dignidad humana. el Ministerio de Seguridad Pública.
Reforma institucional de Gendarmería Desde la perspectiva del Comité, la implementación
Mediante la Ley N° 21.810, publicada el 16 de abril de esta nueva institucionalidad —y del proyecto de ley
de 2026, se incorporó a Gendarmería de Chile a las complementario que deberá presentarse dentro del
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y se trasladó su plazo de un año— requerirá asegurar la continuidad
dependencia institucional al Ministerio de Seguridad de las intervenciones orientadas a la reinserción so-
Pública. Asimismo, la reforma estableció el deber del cial y a la prevención de la reincidencia. Esto supone
Ejecutivo de presentar, dentro del plazo de un año, un incorporar mecanismos diferenciados de supervisión
proyecto de ley destinado a crear un servicio especia- y rendición de cuentas para las funciones de custodia
lizado en reinserción social y adecuar la ley que crea el y reinserción, considerando que los establecimientos
Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de penitenciarios constituyen espacios de especial riesgo
Gendarmería de Chile al nuevo marco institucional. para la ocurrencia de tortura y otros malos tratos.
Esta reforma representa un cambio significativo en
la gobernanza del sistema penitenciario chileno, al 2. Entramado institucional
trasladar formalmente la dependencia institucional
de Gendarmería de Chile al Ministerio de Seguridad
Pública. Desde la perspectiva de la prevención de la La situación de las personas privadas de libertad en
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o establecimientos penitenciarios en Chile se desarrolla
degradantes, este proceso plantea desafíos relevantes en un entramado institucional complejo, en el que
respecto de la forma en que se articularán las funciones intervienen instituciones del Estado con competen-
de custodia y seguridad con la función de reinserción cias diferenciadas e interrelacionadas en materia de
social. Existe el riesgo de que esta reorientación debilite administración penitenciaria, control jurisdiccional,
el objetivo de reinserción social en favor de una lógica garantía, protección y supervisión de los derechos
centrada exclusivamente en el control. fundamentales, fiscalización administrativa y moni-
El Comité observa que la reforma se produce en un con- toreo independiente.
texto marcado por el fortalecimiento de las capacidades En el marco de sus competencias, al Ministerio de
estatales para enfrentar fenómenos asociados con la Justicia y Derechos Humanos le corresponde definir
seguridad penitenciaria, entre ellos, el crimen organi- lineamientos generales, impulsar reformas legales
zado, la violencia intrapenitenciaria, la corrupción y el y administrativas y velar por que la ejecución de
hacinamiento. Sin perjuicio de ello, resulta fundamental la privación de libertad se desarrolle conforme al
que la nueva institucionalidad preserve el carácter espe- ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones
cializado de la función penitenciaria y mantenga como internacionales asumidas por el Estado de Chile en
eje central el respeto de los derechos humanos de las materia de derechos humanos. Para el CPT, la relación
personas privadas de libertad, conforme a los estándares con este Ministerio resulta fundamental para situar los
nacionales e internacionales aplicables en la materia.
hallazgos derivados del monitoreo en los procesos de
Asimismo, la ley reconoce la necesidad de diferenciar formulación y evaluación de políticas públicas y en la
las funciones de seguridad penitenciaria de aquellas toma de decisiones dentro del sistema. La inexistencia
relacionadas con la reinserción social y establece la de una ley de ejecución penal refuerza la relevancia de
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