El martes 14 de julio, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) participó, en calidad de invitado, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, convocada para conocer los protocolos y la situación que afecta a la población penal con enfermedades psiquiátricas, en particular el tratamiento de personas imputadas o condenadas respecto de las cuales se haya diagnosticado una enfermedad de esta naturaleza.
En la instancia, el CPT expuso hallazgos y antecedentes recopilados durante monitoreos realizados en unidades forenses, así como respecto de la situación que enfrentan las personas privadas de libertad con necesidades de atención en salud mental. En particular, presentó los principales resultados y recomendaciones de su informe temático “Internación provisional y medidas de seguridad en recintos penitenciarios: prevención de riesgos de tortura y malos tratos respecto de personas con necesidades de atención en salud mental”.
La exposición estuvo a cargo de las y los integrantes expertos del CPT, Karen Espínola y Daniel Soto, junto al analista del Comité, Gonzalo Horstmeier. La sesión contó además con la participación del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme; el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado; la encargada nacional de Salud de Gendarmería, Beatriz de Gregorio; y la representante de la agrupación Madres y Familiares de Personas Privadas de Libertad con Enfermedades Psiquiátricas, Tamara Madariaga.
Entre las conclusiones presentadas, se destacó que las medidas de internación provisional y de seguridad terminan ejecutándose, en la práctica, en recintos penitenciarios, desdibujando su finalidad jurídica y sanitaria. En este contexto, se advirtió que la privación de libertad no puede operar como un sustituto de la red de salud mental, ya que ello desplaza la respuesta asistencial hacia una lógica penitenciaria que resulta inadecuada para atender las necesidades de las personas afectadas.
Asimismo, se señaló que el entorno carcelario puede agravar los diagnósticos psiquiátricos y exponer a personas con discapacidad psicosocial o con necesidades de atención en salud mental a condiciones que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante la presentación, se enfatizó que esta problemática debe abordarse desde una perspectiva de fortalecimiento institucional. En particular, se planteó la necesidad de clarificar responsabilidades, mejorar la coordinación entre los organismos involucrados y evitar situaciones de inercia administrativa o judicial que prolonguen la permanencia de estas personas en establecimientos penitenciarios.
En esa línea, se destacó que un enfoque de derechos humanos exige comprender que el riesgo no proviene únicamente de la existencia de un diagnóstico de salud mental, sino también de la manera en que el Estado organiza —o deja de organizar— su respuesta frente a estas personas, especialmente en los ámbitos jurídico, sanitario y penal. Desde esta perspectiva, las vulneraciones de derechos se relacionan con las brechas institucionales, la insuficiente coordinación entre organismos y la falta de alternativas adecuadas para garantizar una atención especializada y acorde con las necesidades de cada persona.
Finalmente, el CPT reiteró la importancia de fortalecer la articulación entre los sistemas de justicia, salud y administración penitenciaria, con el fin de asegurar respuestas oportunas y adecuadas que resguarden la dignidad, la integridad y los derechos de las personas sujetas a medidas de internación provisional o de seguridad.
Presentación CPT en el Senado (Descargar)
