En el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el pasado 24 de junio el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) realizó el seminario “Salud mental, privación de libertad y prevención de la tortura”, instancia que convocó a representantes de diversas instituciones, particularmente de los ámbitos de la justicia, la salud, la administración penitenciaria y la academia, entre otros sectores, para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas con necesidades de atención en salud mental sujetas a privación de libertad.
La actividad tuvo como objetivo analizar los principales hallazgos y recomendaciones del informe temático del CPT “Internación provisional y medidas de seguridad en recintos penitenciarios: prevención de riesgos de tortura y malos tratos respecto de personas con necesidades de atención en salud mental”. Asimismo, buscó promover un diálogo interdisciplinario en torno a las brechas y desafíos que enfrentan los sistemas de salud mental, justicia penal y administración penitenciaria respecto de las personas sujetas a internación provisional y medidas de seguridad en recintos penitenciarios.
La jornada fue inaugurada por la presidenta del CPT, Karen Espínola, quien destacó la relevancia de abordar de manera coordinada las vulneraciones que enfrentan las personas con necesidades de atención en salud mental que se encuentran privadas de libertad. En sus palabras, enfatizó la importancia de fortalecer las respuestas institucionales para prevenir situaciones de tortura y malos tratos. Asimismo, señaló que el CPT ha tomado conocimiento de situaciones críticas, incluyendo casos de personas sujetas a internación provisional que han fallecido bajo custodia del Estado, lo que evidencia la urgencia de avanzar en soluciones efectivas. Finalmente, realizó una invitación al diálogo y subrayó que la atención de las personas con discapacidad psicosocial o que experimentan sufrimiento psíquico en contextos de encierro constituye una cuestión de derechos humanos ineludible.
Entre las exposiciones destacadas estuvo la presentación de Alejandro Gómez, jefe (s) del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, quien participó en representación de la Defensora Nacional, Verónica Encina. Su intervención, titulada “Salud mental, privación de libertad y acceso a la justicia: desafíos institucionales frente a una población especialmente vulnerable”, abordó las principales dificultades que enfrenta el sistema para garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental sometidas a procesos penales.
Durante su exposición, Gómez valoró el informe elaborado por el CPT y señaló que este contribuye a visibilizar una realidad conocida por los distintos actores del sistema: personas que, debido a su condición de salud mental, requieren respuestas sanitarias especializadas, pero que terminan privadas de libertad en establecimientos penitenciarios que no cuentan con condiciones adecuadas para su atención, tratamiento y cuidado.
La jornada contempló dos paneles de conversación. El primero, titulado “Abordaje de la salud mental en cárceles”, contó con la participación de la doctora en Criminología y académica de la Universidad de Chile, Carolina Villagra y la presidenta de la Comisión de Psiquiatría Forense y representante de la fiscalía, Francisca Figueroa, bajo la moderación de la analista de contenido del área penitenciaria del CPT, Steffi Schramm. El segundo panel, denominado “Coordinación interinstitucional y desafíos del sistema”, reunió al psiquiatra y experto en salud pública, Profesional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Mauricio Gómez; al encargado de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile, Fernando Mardones y a la ministra Silvana Donoso, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo moderado por el analista del área de salud mental del CPT, Gonzalo Horstmeier.
Durante el seminario se mencionaron diversos factores que explican esta problemática, entre ellos la insuficiencia de dispositivos especializados de salud mental, las demoras en la elaboración de peritajes psiquiátricos, las dificultades de coordinación interinstitucional y la permanencia de personas en recintos penitenciarios pese a existir resoluciones judiciales que ordenan su traslado a establecimientos asistenciales.
Para finalizar el encuentro, el comisionado del CPT, Daniel Soto Muñoz, realizó una síntesis de algunas de las principales reflexiones surgidas durante la jornada, destacando la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en respuestas integrales que permitan resguardar los derechos de las personas con necesidades de atención en salud mental que se encuentran privadas de libertad. Asimismo, enfatizó la importancia de no perder de vista la dimensión humana de esta problemática, recordando que detrás de cada caso existen personas y familias que enfrentan profundas dificultades y sufrimientos asociados a las barreras que experimentan quienes viven con una condición o diagnóstico de salud mental en privación de libertad.
