La iniciativa, impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, financiada por el Fondo OPCAT de Naciones Unidas y desarrollada junto al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), busca ser una contribución concreta a la prevención temprana de la tortura y a la protección del derecho a la salud desde las primeras etapas de custodia estatal.

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se adjudicó recientemente el Fondo OPCAT para desarrollar un proyecto orientado a fortalecer los estándares de derechos humanos aplicables al examen médico inicial (constatación de lesiones) de personas privadas de libertad en Chile, una herramienta fundamental para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, tiene por objeto proteger, garantizar y promover el derecho a la asistencia médica en las etapas iniciales de custodia y privación de libertad.

La iniciativa, encabezada por Pietro Sferrazza Taibi, investigador responsable del proyecto, busca mejorar la eficacia del monitoreo en estos contextos, impulsar buenas prácticas entre las y los funcionarios públicos encargados de realizar este examen y promover condiciones más favorables para la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas.

El proyecto surge a partir de hallazgos del área de función policial del Comité para la Prevención de la Tortura, en un contexto en que el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) ha identificado diversas falencias en la práctica de estos exámenes en el país. Entre ellas, se encuentran la realización de evaluaciones médicas en presencia de agentes policiales, la falta de rigurosidad en la constatación de lesiones, deficiencias en el registro de la información y limitaciones en el acceso oportuno a tratamientos médicos.

El proyecto contempla el desarrollo de una investigación sobre estándares internacionales en la materia, la elaboración de un cuadernillo informativo dirigido a funcionarios y funcionarias de salud, y la implementación de una capacitación piloto. Estas acciones buscan promover prácticas adecuadas en las etapas iniciales de la privación de libertad, donde la detección temprana de vulneraciones resulta fundamental.

Asimismo, la iniciativa contribuirá al fortalecimiento del Comité para la Prevención de la Tortura, entidad que, a través del monitoreo y la formulación de recomendaciones, aporta al mejoramiento del funcionamiento estatal en ámbitos de cuidado, custodia y atención de personas privadas de libertad. La elaboración de insumos técnicos, orientaciones prácticas y experiencias de capacitación contribuirá a una mejor coordinación institucional y a la consolidación de procedimientos más claros, oportunos y respetuosos de la dignidad humana.