Daniel Soto Muñoz, comisionado Comité para la Prevención de la Tortura – Chile.
En enero de este año, un hombre murió bajo custodia policial en una comisaría de Cauquenes. No se trató de un operativo violento ni de una situación excepcional. El detenido pidió auxilio desde el calabozo y no recibió atención médica oportuna. Días después, la Fiscalía formalizó a seis funcionarios por homicidio por omisión, detención ilegal y apremios ilegítimos. El episodio no impacta por su dramatismo, sino por su normalidad: ocurrió durante un procedimiento rutinario, en uno de los espacios más básicos del ejercicio estatal.
Las muertes bajo custodia rara vez son hechos fortuitos. Funcionan como indicadores de diseño institucional. Muestran qué ocurre cuando el poder coercitivo se expande sin que, al mismo tiempo, se fortalezcan los mecanismos que permiten administrarlo con precisión. También dejan al descubierto una paradoja recurrente en la política de seguridad reciente: es posible endurecer la respuesta al delito y, a la vez, debilitar el control interno del propio Estado.
Durante los últimos años, la seguridad pública ha sido conducida bajo una lógica marcadamente reactiva. Frente al aumento de la violencia y a una presión social persistente, la respuesta fue previsible: ampliación de facultades, endurecimiento penal y uso sostenido de instrumentos excepcionales. La severidad terminó operando como atajo, desplazando el trabajo más exigente del gobierno institucional.
El primer efecto de este desplazamiento es estructural. La discusión sobre control civil efectivo, responsabilidad de mando y reforma profunda de las policías quedó relegada frente a una agenda centrada en el respaldo operativo. Desde una perspectiva liberal clásica, el error es conocido: una autoridad que opera sin control no gana fuerza; pierde previsibilidad. El segundo efecto es normativo. La expansión del derecho penal y el recurso creciente a presunciones amplias en favor del uso de la fuerza alteran el equilibrio entre eficacia y rendición de cuentas. Estas fórmulas ofrecen réditos simbólicos inmediatos, pero rara vez producen seguridad sostenible.
El tercer efecto se manifiesta lejos del debate público, pero en el corazón del sistema: calabozos, cárceles y regímenes de alta seguridad. El uso intensivo de la prisión preventiva, el aumento de penas y el hacinamiento estructural han empujado estos espacios a un umbral crítico. Allí, la precariedad en la atención médica, el aislamiento prolongado y la falta de monitoreo independiente no son anomalías.
La seguridad no fracasa por falta de dureza. Fracasa cuando el poder se ejerce sin reglas claras, sin registros confiables y sin mecanismos eficaces de corrección temprana. Endurecer produce impacto inmediato en el debate público. Gobernar exige algo menos visible y más exigente: instituciones capaces de controlarse a sí mismas, protocolos que funcionen incluso bajo presión y supervisión que opere precisamente cuando incomoda.
