El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile presentó este jueves 24 de julio su Cuarto Informe Anual, en el que se informan hallazgos críticos en relación a las condiciones que enfrentan personas que están bajo el cuidado o custodia estatal permanente. El informe da cuenta de severas debilidades en materia de atención de niñas, niños y adolescentes en centros de protección y de justicia juvenil, de personas con diagnósticos de salud mental, personas mayores, régimen penitenciario y policial, apuntando a falencias estructurales que ponen en riesgo la integridad y dignidad de miles de personas.
Durante 2024 recorriendo residencias, hospitales psiquiátricos, cárceles y centros de detención y cuidado a lo largo de Chile, este organismo estatal especializado en prevención de la tortura y los malos tratos presenta un panorama complejo: pese a que las instituciones colaboran activamente en introducir reformas, persisten condiciones que atentan contra los tratados internacionales.
Entre agosto de 2023 y diciembre de 2024, el CPT realizó más de 100 visitas preventivas que cubrieron 13 de las 16 regiones del país, revelando tanto avances significativos como zonas críticas que requieren intervención urgente.
Se constataron situaciones de especial preocupación, como aislamientos prolongados en recintos penitenciarios, ausencia de intervenciones ante el consumo problemático de sustancias de niñas, niños y adolescentes, el uso abusivo de contenciones mecánicas en unidades (recintos de custodia) para personas con diagnósticos de salud mental involucrados en procesos judiciales, restricciones arbitrarias al contacto familiar o la falta de acceso efectivo a atención de salud.
El Comité destaca que estas prácticas se concentran y agravan su impacto en poblaciones especialmente vulnerables como personas con diagnóstico de salud mental, mujeres gestantes, personas mayores, niñas, niños, y adolescentes, migrantes y personas de la diversidad sexo genérica.
“El problema no se resuelve solo sancionando abusos individuales. Se trata de transformar las estructuras, normas y prácticas que permiten que estas vulneraciones ocurran”, afirma el CPT.
Cuando la Colaboración Funciona
Los hallazgos más alentadores provienen de las propias instituciones supervisadas. Ejemplo de ello es como Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones han mostrado altos niveles de respuesta a las recomendaciones del organismo, implementando cambios concretos en sus protocolos y prácticas.
«Estos resultados demuestran que cuando existe voluntad institucional, la transformación es completamente viable», señala el informe, que documenta cómo las fuerzas de seguridad han respaldado el trabajo preventivo como herramienta de mejora en lugar de resistirse ante la observación externa.
Sin embargo, al CPT le preocupa que uno de los elementos críticos que dificulta el cambio es la baja respuesta de los organismos centrales, encargados de conducir transformaciones más estructurales y profundas.
Resulta especialmente relevante el seguimiento de las recomendaciones por parte del Ministerio Público, institución con la que el CPT ha mantenido una relación estrecha, dado su rol clave en la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TCID), particularmente en lo relativo a medidas de protección, investigación y denuncias por el trato hacia —y entre— personas bajo custodia.
En la misma línea, la sólida vinculación del CPT con la Defensoría Penal Pública se ha visto reflejada en el compromiso institucional con las medidas sugeridas en materia de protección y acceso a la justicia para personas privadas de libertad.
El documento incluye cuatro capítulos que abordan el monitoreo institucional, los factores de riesgo, el seguimiento a recomendaciones anteriores y las proyecciones del CPT.
La Frontera del Abuso: Aislamiento Extremo
El informe también documenta realidades que chocan con los estándares internacionales. Muestra de ello es como en el Régimen Especial de Protección de Alta y Seguridad, cientos de reclusos pasan más de 22 horas diarias en confinamiento solitario durante meses, una práctica que debiese ser erradicada y que cuando se extiende más allá de 15 días, es considerada tortura por los organismos internacionales
Los efectos son devastadores: la mayoría reporta deterioro severo de salud mental, mientras que muchas sufren alucinaciones. Además, una proporción significativa de esta población es extranjera, y se encuentra completamente aislada de sus redes familiares.
El CPT evidencia también serias deficiencias en la supervisión externa de recintos para personas con diagnóstico de salud mental involucrados en procesos judiciales y la coordinación intersectorial entre salud, justicia y derechos humanos, lo que incrementa los riesgos de tortura y malos tratos.
Unidades Forenses: El derecho a la salud mental postergado.
Por otra parte, el CPT también evidencia serias deficiencias en los recintos forenses, como largas listas de esperas para realizar los peritajes y falta de oferta residencial para que puedan egresar aquellas personas que ya cumplieron la medida de seguridad indicada, alargando los tiempos de custodia o internación, además de una deficiente coordinación intersectorial entre salud, justicia y derechos humanos, lo que incrementa los riesgos de tortura y malos tratos al interior de estos centros.
Momento Crítico
El informe llega en un momento políticamente sensible. Mientras en el Congreso se debaten proyectos de ley como la ley Sayén, las reglas del uso de la fuerza, o la rebaja de la edad de imputabilidad penal, este reporte devela información crítica para una discusión que sea guiada desde los estándares de protección de derechos humanos.
Esta tensión legislativa subraya la importancia del trabajo preventivo: mientras el debate político puede generar retrocesos normativos, el monitoreo constante y la colaboración directa con instituciones puede producir mejoras inmediatas en las condiciones de vida de las personas bajo custodia.
Ejemplo de ello es el uso de armas menos letales por parte de fuerzas policiales, un tema que genera creciente preocupación en el actual contexto de demandas por mayor seguridad. El CPT advierte que la expansión de su uso, sin una regulación adecuada, puede derivar en nuevas formas de violencia institucional y tortura.
Un estudio encargado por el CPT al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) reveló importantes fallas en la capacitación, escaso entrenamiento práctico y ausencia de protocolos claros para su uso. El estallido social de 2019, con cientos de víctimas de lesiones oculares por uso indebido de proyectiles, sigue siendo un ejemplo contundente de los riesgos de una regulación débil.
El acto de presentación del Cuarto Informe Anual del CPT contó con la destacada presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del mundo académico, organismos internacionales, cuerpos policiales e instituciones de derechos humanos.
Entre ellos, el prorrector de Gestión Institucional de la de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Gallego; el director del Centro de Diálogo y Paz UC, Patricio Bernedo; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Francisco Chahuán; las diputadas Helia Molina y Ana María Gazmuri; el ministro de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos Sagristá y de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.
Asimismo, la general inspector de Carabineros y jefa de zona Metropolitana, Karina Soza Muñoz; a la general Mitza González Méndez, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros; y al inspector general y prefecto general de la PDI, Erwin Cler Gavilán.
También contó con la participación del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic Godoy, junto a consejeras y consejeros del INDH; y representantes del Sistema de Naciones Unidas. En particular, Jorge Contesse, miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, autor del prólogo de este informe y uno de los comentaristas del informe; del señor Marco Feoli, jefe del Grupo Regional de las Américas del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU; del representante regional adjunto para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena; y de Marie Lequin y Sara Vera, representantes de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).
Asimismo, contó con la presencia de representantes de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de 10 países de América Latina: Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil y Panamá.
Más información en nota publicada en diario La Tercera.
