A estas alturas ya no es novedad y existe consenso sobre la crisis carcelaria, las diferencias se producen sobre cómo resolver. Esta crisis tiene precedentes en el pasado reciente, había sobre población, hacinamiento, escasa oferta de programas, altas tasas de reincidencia y un contexto de mucha inseguridad respecto a la delincuencia ¿Ha cambiado el escenario desde entonces? Si, ha cambiado la sociedad chilena y el sistema penitenciario se sigue precarizando. Han aumentado la tasa de homicidios, la presencia del crimen organizado obliga a repensar cómo se aborda la delincuencia y la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta. El Comité de Prevención de la Tortura desde su puesta en marcha (2020) viene documentando la situación de las cárceles, ha generado una gran cantidad de recomendaciones que pueden contribuir a la solución. La ley que crea el Comité señala que estas deben ser atendidas por las autoridades a través de un proceso de diálogo para la implementación de mejoras, «medidas de aplicación destinadas a mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes».
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala con razón que durante años se impulsó una prolífica agenda legislativa que promovía como respuesta a la inseguridad un uso intensivo de la prisión preventiva y las penas de cárcel, sin considerar las consecuencias sobre el sistema penitenciario en cuanto a infraestructura y dotación. El Ministerio ha reaccionado generando nuevas plazas y su proyección a 15 años, la realización de un plan de condiciones carcelarias para mujeres, ha iniciado un proceso participativo para diseñar una política penitenciaria en 4 ejes: reinserción social, seguridad, personal penitenciario e infraestructura.
El Estado de Chile avanzó en la institucionalidad de Derechos Humanos, sin embargo, hasta ahora no se ha incorporado con suficiente fuerza esta perspectiva, su utilización fortalece y no debilita la posición del Estado frente a la delincuencia y al crimen organizado, mejora el estándar. Las obligaciones suscritas en estas materias pueden cumplirse y es posible dar pasos más decisivos. La creación de unidades especializadas y la designación de encargados al interior de las instituciones fueron un paso importante, lo mismo la creación de cursos en las mallas curriculares en las escuelas de formación del personal de custodia, pero serán insuficientes si no se incorpora esta perspectiva más allá de la enseñanza teórica que produzcan diferencias en lo práctico respecto a protocolos de actuación, régimen interno y visitas, acceso a la salud, seguridad y disciplina, y en la profesionalización de la función penitenciaria.
Luis Vial R. Presidente del CPT y experto encargado del área penitenciaria