Hace unos días fuimos testigos de la brutal golpiza que funcionarios de Gendarmería propinaron a internos del Centro Penitenciario de Puente Alto, en el contexto de un traslado de internos a otro sector de la cárcel, procedimiento que fue antecedido por una pelea entre internos con elementos cortopunzantes que produjo la muerte de uno de ellos.

Este video trae a la luz una realidad históricamente invisibilizada y que ocurre no sólo en el ámbito penitenciario, si no que en los distintos lugares de privación de libertad, custodia o cuidado. La violencia institucional existe, torturas cometidas por funcionarios de la PDI del cuartel de Pudahuel en el contexto de “quitadas de dinero y droga”; torturas reiteradas por funcionarios de Carabineros la 21ª Comisaría de Estación Central; tortura sexual en el hospital psiquiátrico Horwitz, apremios ilegítimos del caso Sename; tratos crueles en el CCP Arica cometidos por funcionarios de Gendarmería, son algunos de los casos que han podido ser judicializados, y en los que se ha obtenido sentencia condenatoria.

El caso de la golpiza en Puente Alto nos moviliza a recordar una cuestión que es fundamental y que es uno de los pilares del sistema internacional de protección de derechos humanos: La prohibición absoluta de la tortura -equiparable al genocidio o la esclavitud- puesto que no procede bajo ningún tipo de circunstancia excepcional, como amenaza terrorista, proliferación del crimen organizado, etc. y que frente a su ocurrencia el Estado tiene la obligación reforzada de investigar, sancionar proporcionalmente a los responsables, de rehabilitar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.

Este caso es un llamado de atención para todos los órganos del sistema de justicia penal, especialmente para el Ministerio Público y los tribunales de justicia, ya que cuando el Estado falla y no logra prevenir la tortura y malos tratos, tiene el deber reforzado de investigar y sancionar proporcionalmente a los responsables.

La investigación y sanción de la tortura y tratos crueles, además de llevar justicia a las víctimas y sus familias, tiene la importancia de comunicar a la sociedad que este grave crimen es inadmisible en un Estado democrático de derecho y que su prevención es vital para que la ciudadanía mantenga la confianza en las instituciones y agentes del Estado.