El día 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento histórico sirvió de punto de partida para la adopción de una serie de tratados internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De hecho, todos estos tratados hacen referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo.

Por ello, desde 1950 Naciones Unidas conmemora este día como el Día Internacional de los Derechos Humanos, y cada año insta a reflexionar sobre un tema o idea relevante en la protección de los derechos humanos. En 2021, el concepto elegido es la igualdad, que aparece en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En nuestro país, la garantía de igualdad en el goce de los derechos humanos está muy lejos de ser satisfecha. Además de las desigualdades económicas y sociales que impactan fuertemente la posibilidad de parte importante de la población de acceder a garantías básicas como la salud, la educación o la vivienda, existe un grupo de personas en Chile cuyos derechos parecen haber sido olvidados por el Estado y la sociedad: las personas privadas de libertad o bajo custodia del Estado. Estas personas no se encuentran sólo en cárceles o recintos policiales, sino también en centros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex SENAME), hospitales psiquiátricos, establecimientos de larga estadía de adultos mayores (ELEAM), entre otros. En esos distintos escenarios existen personas que, por diversas razones, ven restringida su libertad de desplazamiento y que, no obstante, son titulares de todos los demás derechos humanos reconocidos a nivel doméstico e internacional. Este reconocimiento de derechos debe además realizarse en condiciones de igualdad, como nos recuerda la conmemoración de este año del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el Estado chileno ha fallado en proteger sus derechos de manera igualitaria. Como fue destacado en el Primer Informe Anual del Comité para la Prevención de la Tortura, existen graves falencias en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad o bajo custodia del Estado. En efecto, de manera transversal en los diversos recintos, existen graves vulneraciones a garantías como la integridad física y psíquica, el derecho a no ser sometido a tortura o malos tratos, la protección del derecho a la salud, el derecho a la vida familiar, los derechos políticos, incluyendo el derecho a voto, entre otros. La situación es especialmente grave cuando se considera la protección de derechos de personas en situación de especial vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas pertenecientes a pueblos originarios, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad y personas migrantes, entre otras. Por ello, tal y como se señaló en el Informe Anual, no hay duda de que, en múltiples oportunidades, el Estado chileno ha fallado en cumplir las obligaciones que derivan de su posición de garante respecto de las personas privadas de libertad o bajo custodia estatal, y no ha hecho efectiva la promesa de que los derechos humanos deben protegerse respecto de todas las personas, sin distinción.

En este Día Internacional de los Derechos Humanos, y ante la coyuntura política dada por las elecciones presidenciales y el proceso de redacción de una nueva Constitución, resulta un deber poner como elemento esencial la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y/o bajo custodia estatal. En este escenario, el Comité para la Prevención de la Tortura manifiesta su disposición a trabajar en conjunto con todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, para avanzar en estas materias y hacer efectiva la promesa de un Estado realmente garante de los derechos humanos en condiciones de igualdad.

Comité para la Prevención de la Tortura (CPT)
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT)