En el lanzamiento participaron las expertas de la instancia, Javiera Canessa y Alejandra Díaz.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) dio a conocer este martes 28 de septiembre su primer informe anual, titulado “Prevención de la tortura y situación de las personas privadas de libertad en Chile”. Dicho documento da cuenta de las actividades del primer año de funcionamiento del comité, cuyo mandato surge del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de 2009 y de la ley 21.154 de 2019, que designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT) y dispuso que actuara en exclusiva a través del CPT.
La presentación del informe anual la efectuaron Javiera Canessa, presidenta del CPT y experta del área de salud, y Alejandra Díaz, experta del área penitenciaria. El informe está dirigido a las autoridades y contiene los principales resultados de sus hallazgos en cuanto a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. También emite recomendaciones a la autoridad, lo que inicia un diálogo para adoptar e implementar estas recomendaciones. El CPT se constituyó en mayo del año 2020, en plena pandemia del Covid.
En la presentación del informe, el director del INDH, Sergio Micco, señaló que la creación del CPT alojado en el INDH, con autonomía funcional e independencia en la selección de su personal y ejecución presupuestaria, es la modalidad más usada en el mundo. Además, dijo que próximamente finaliza el concurso de Alta Dirección Pública para incorporar a los nuevos integrantes del CPT. Y así, con las principales funciones en régimen, el INDH espera multiplicar las acciones para avanzar en la erradicación de la tortura.
En cuanto al informe anual, en su exposición, Javiera Canessa, dijo que uno de los hallazgos fue que en Chile “se violan los derechos humanos de las personas bajo cuidado y custodia del Estado de forma periódica, grave y diversa, y que la erradicación de estas violaciones es compleja”. También relevó que, en materia de salud mental de personas bajo custodia del Estado, preocupa el excesivo uso de contenciones físicas y farmacológicas y el amplio uso de la terapia electroconvulsiva.
En tanto, Alejandra Díaz, la experta del área penitenciaria del CPT, dijo que también indagaron factores de riesgo de comisión de tortura. Aquí detectaron “una inadecuada e insuficiente formación de Carabineros”. Según describió, la duración de la formación general de los suboficiales en materia de derechos humanos hasta hace poco duraba un año. Sólo desde los egresados de 2021 tendrán formación de dos años. A eso, añadió que los propios funcionarios dicen que es muy abstracta, con “poco trabajo en base a casos concretos”.
El informe lo comentaron la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales María Lidia Casas; la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas; y la decana de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y Elizabeth Lira. Las palabras iniciales de la presentación las hizo el jefe del Equipo Regional del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, Juan Pablo Vegas.